La controversia ha estallado en el Poder Judicial luego de que un grupo de diputados solicitara la renuncia del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, por su decisión de autorizar la realización de videollamadas para reclusos de alta peligrosidad en la Cárcel de Alta Seguridad de la Región Metropolitana. Este gesto, considerado por los parlamentarios como un acto de concesión de privilegios inaceptable, ha desencadenado una fuerte reacción en el ámbito legislativo, donde se ha cuestionado la integridad y la imparcialidad del magistrado. La indignación de los diputados radica en que esta medida, a juicio de ellos, pone en grave riesgo la seguridad de toda la ciudadanía y va en contra de los esfuerzos que se están haciendo para frenar el avance del crimen organizado en el país. En un comunicado conjunto, los parlamentarios expresaron su preocupación por la aparente falta de criterio del juez Urrutia y exigieron una explicación contundente sobre las razones que lo llevaron a tomar una decisión tan polémica. La diputada Camila Flores de Renovación Nacional (RN) fue especialmente crítica al afirmar que el juez Urrutia “es un peligro para nuestra sociedad. Su actuar ha estado lleno de activismo judicial . Se ha dado gustitos personales para fallar políticamente, en ningún caso con objetividad , sino que siempre de manera subjetiva. En este caso, además, se alía con las bandas de narcotráfico, nada más ni nada menos que con el Tren de Aragua, para darle facilidades” . Por su parte, el diputado Mauro González, también de RN, expresó su preocupación por permitir que reclusos de alta peligrosidad realicen videollamadas desde la cárcel, considerando que esto representa un grave riesgo para la seguridad pública. “Estas decisiones ponen en peligro a toda la ciudadanía. Es realmente lamentable. No sé en qué mundo viven porque es una señal totalmente errada por parte de una persona encargada de impartir justicia”, manifestó el parlamentario. Asimismo, la legisladora Karen Medina del Partido de la Gente se sumó a las demandas de renuncia del juez Urrutia, argumentando que su historial en favor de los derechos de los delincuentes lo hace inadecuado para ejercer la justicia de manera imparcial. Desde la Bancada Republicana, el parlamentario Stephan Schubert también condenó la actuación del juez Urrutia, calificándola como un ejemplo de activismo político-judicial y señalando que compromete la integridad del sistema judicial. Los diputados coinciden en la necesidad de tomar medidas drásticas para asegurar la imparcialidad y la integridad del Poder Judicial en Chile, así como restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia del país.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha expresado su desacuerdo con la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado la realización de videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana. Desde Valparaíso, Monsalve afirmó que el Ministerio de Justicia y Gendarmería utilizarán todas las herramientas legales disponibles para revertir medidas de esta índole. Según informes de Meganoticias, el juez Urrutia habría emitido la orden de realizar videollamadas de los reos con terceras personas, sin contar con la autorización de la administración penitenciaria. Esta resolución fue objeto de críticas por parte de Gendarmería, argumentando que pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada. A pesar del reclamo de Gendarmería, el juez Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución penitenciaria a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se alertó sobre la gravedad de la medida. En respuesta, Monsalve criticó la decisión del juez Urrutia y destacó que los reos de alta peligrosidad “ tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”. Además, señaló que medidas como esta socavan los esfuerzos del Estado por generar seguridad en la población. A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno utilizará todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir , aseguró Monsalve. Para cerrar, el subsecretario fue consultado acerca de la eventualidad de aplicar sanciones contra el juez Daniel Urrutia, donde señaló que la competencia para tomar dicha determinación recae en el Poder Judicial. Sin embargo, reafirmó su convicción de que la resolución es altamente desacertada y conlleva un perjuicio tanto para la seguridad nacional como para los esfuerzos de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
La controversia ha estallado en el Poder Judicial luego de que un grupo de diputados solicitara la renuncia del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, por su decisión de autorizar la realización de videollamadas para reclusos de alta peligrosidad en la Cárcel de Alta Seguridad de la Región Metropolitana. Este gesto, considerado por los parlamentarios como un acto de concesión de privilegios inaceptable, ha desencadenado una fuerte reacción en el ámbito legislativo, donde se ha cuestionado la integridad y la imparcialidad del magistrado. La indignación de los diputados radica en que esta medida, a juicio de ellos, pone en grave riesgo la seguridad de toda la ciudadanía y va en contra de los esfuerzos que se están haciendo para frenar el avance del crimen organizado en el país. En un comunicado conjunto, los parlamentarios expresaron su preocupación por la aparente falta de criterio del juez Urrutia y exigieron una explicación contundente sobre las razones que lo llevaron a tomar una decisión tan polémica. La diputada Camila Flores de Renovación Nacional (RN) fue especialmente crítica al afirmar que el juez Urrutia “es un peligro para nuestra sociedad. Su actuar ha estado lleno de activismo judicial . Se ha dado gustitos personales para fallar políticamente, en ningún caso con objetividad , sino que siempre de manera subjetiva. En este caso, además, se alía con las bandas de narcotráfico, nada más ni nada menos que con el Tren de Aragua, para darle facilidades” . Por su parte, el diputado Mauro González, también de RN, expresó su preocupación por permitir que reclusos de alta peligrosidad realicen videollamadas desde la cárcel, considerando que esto representa un grave riesgo para la seguridad pública. “Estas decisiones ponen en peligro a toda la ciudadanía. Es realmente lamentable. No sé en qué mundo viven porque es una señal totalmente errada por parte de una persona encargada de impartir justicia”, manifestó el parlamentario. Asimismo, la legisladora Karen Medina del Partido de la Gente se sumó a las demandas de renuncia del juez Urrutia, argumentando que su historial en favor de los derechos de los delincuentes lo hace inadecuado para ejercer la justicia de manera imparcial. Desde la Bancada Republicana, el parlamentario Stephan Schubert también condenó la actuación del juez Urrutia, calificándola como un ejemplo de activismo político-judicial y señalando que compromete la integridad del sistema judicial. Los diputados coinciden en la necesidad de tomar medidas drásticas para asegurar la imparcialidad y la integridad del Poder Judicial en Chile, así como restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia del país.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha expresado su desacuerdo con la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado la realización de videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana. Desde Valparaíso, Monsalve afirmó que el Ministerio de Justicia y Gendarmería utilizarán todas las herramientas legales disponibles para revertir medidas de esta índole. Según informes de Meganoticias, el juez Urrutia habría emitido la orden de realizar videollamadas de los reos con terceras personas, sin contar con la autorización de la administración penitenciaria. Esta resolución fue objeto de críticas por parte de Gendarmería, argumentando que pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada. A pesar del reclamo de Gendarmería, el juez Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución penitenciaria a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se alertó sobre la gravedad de la medida. En respuesta, Monsalve criticó la decisión del juez Urrutia y destacó que los reos de alta peligrosidad “ tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”. Además, señaló que medidas como esta socavan los esfuerzos del Estado por generar seguridad en la población. A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno utilizará todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir , aseguró Monsalve. Para cerrar, el subsecretario fue consultado acerca de la eventualidad de aplicar sanciones contra el juez Daniel Urrutia, donde señaló que la competencia para tomar dicha determinación recae en el Poder Judicial. Sin embargo, reafirmó su convicción de que la resolución es altamente desacertada y conlleva un perjuicio tanto para la seguridad nacional como para los esfuerzos de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
