El Crédito con Aval del Estado (CAE) enfrenta una preocupante situación en Chile, con más de 540 mil personas dejando de cumplir con los pagos en 2023. Esta cifra ha obligado al Estado a utilizar US$300 millones como aval para responder ante los morosos, de acuerdo a informes recientes. Según consignó El Mercurio, diversas causas contribuyen a esta situación. Entre ellas se encuentran el deterioro económico, las promesas de campaña presidencial y una ley que prohíbe informar sobre deudas educacionales. El año pasado marcó un hito, ya que por primera vez desde 2017, se registró un incremento en el atraso en los pagos del CAE. Este aumento se atribuye, en parte, a los efectos económicos derivados de la pandemia de Covid-19, según un informe de la Dirección de Presupuestos. La promulgación de la ley N° 21.214 en 2020, que prohíbe informar sobre las deudas adquiridas para financiar la educación, también ha impactado en la morosidad del CAE. Esta medida ha dificultado el seguimiento de los deudores y ha limitado las herramientas disponibles para abordar la situación. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, identifica tres tipos de morosidad en el CAE: desertores del primer diseño del programa, quienes no pagan ni se acogen a las suspensiones de pago, y los morosos que esperan la condonación total de la deuda del CAE. El último grupo ha experimentado un crecimiento significativo recientemente, posiblemente influenciado por la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric de condonar las deudas del CAE. A pesar de estas cifras alarmantes, es importante señalar que entre los casi 900 mil deudores de préstamos educativos con CAE, la Comisión Integra identifica dos categorías: aquellos que han egresado y aquellos que abandonaron la carrera antes de completarla. Entre estos, el porcentaje de morosidad ha aumentado notablemente, pasando de un 29% a fines de 2017 a un 54% al concluir 2023.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) enfrenta una preocupante situación en Chile, con más de 540 mil personas dejando de cumplir con los pagos en 2023. Esta cifra ha obligado al Estado a utilizar US$300 millones como aval para responder ante los morosos, de acuerdo a informes recientes. Según consignó El Mercurio, diversas causas contribuyen a esta situación. Entre ellas se encuentran el deterioro económico, las promesas de campaña presidencial y una ley que prohíbe informar sobre deudas educacionales. El año pasado marcó un hito, ya que por primera vez desde 2017, se registró un incremento en el atraso en los pagos del CAE. Este aumento se atribuye, en parte, a los efectos económicos derivados de la pandemia de Covid-19, según un informe de la Dirección de Presupuestos. La promulgación de la ley N° 21.214 en 2020, que prohíbe informar sobre las deudas adquiridas para financiar la educación, también ha impactado en la morosidad del CAE. Esta medida ha dificultado el seguimiento de los deudores y ha limitado las herramientas disponibles para abordar la situación. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, identifica tres tipos de morosidad en el CAE: desertores del primer diseño del programa, quienes no pagan ni se acogen a las suspensiones de pago, y los morosos que esperan la condonación total de la deuda del CAE. El último grupo ha experimentado un crecimiento significativo recientemente, posiblemente influenciado por la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric de condonar las deudas del CAE. A pesar de estas cifras alarmantes, es importante señalar que entre los casi 900 mil deudores de préstamos educativos con CAE, la Comisión Integra identifica dos categorías: aquellos que han egresado y aquellos que abandonaron la carrera antes de completarla. Entre estos, el porcentaje de morosidad ha aumentado notablemente, pasando de un 29% a fines de 2017 a un 54% al concluir 2023.
