El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor. Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno. El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación. La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar. El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una bonificación de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros. En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
Este viernes, en una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, se debatió la situación procesal de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a Barriga por presuntos delitos de corrupción durante su gestión al frente del municipio, los cuales habrían generado un desfalco cercano a los $31 mil millones. La instancia judicial tenía como objetivo principal evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas anteriormente sobre Barriga. Según informes presentados por la fiscalía, existen indicios que apuntan a incumplimientos reiterados en fechas específicas: viernes 12, martes 23, jueves 25 y domingo 28 de abri l. Ante esta situación, el organismo persecutor solicitó intensificar dichas restricciones e implementar un timbre en la parcela donde Barriga cumple arresto domiciliario total en Peñaflor para asegurar su permanencia. No obstante, tras escuchar ambas partes involucradas en el proceso legal y ponderar los argumentos expuestos por la defensa respecto a las necesidades particulares del hijo menor de edad de Barriga —quien presenta hipersensibilidad asociada al espectro autista— la jueza encargada tomó una decisión alternativa. En lugar del timbre propuesto por la fiscalía, ordenó que se entregue un teléfono celular privado directamente al abogado defensor para que Carabineros pueda realizar llamadas periódicas desde el plan cuadrante con el fin de verificar que Barriga respete las condiciones establecidas. Al término de la audiencia y fuera del Centro de Justicia donde tuvo lugar este encuentro clave para su futuro judicial inmediato, Cathy Barrigua hizo uso del derecho a expresarse ante los medios congregados. Con palabras cargadas de emoción declaró percibir cierto nivel comprensivo hacia su caso por primera vez, además denunció lo que ella considera un hostigamiento persistente tanto desde esferas judiciales como mediáticas. Por otro lado, datos proporcionados por su equipo legal revelaron que hasta ahora se han realizado más de doscientenas inspecciones sorpresivas en su residencia : 29 veces durante enero; incrementándose notablemente a 61 visitas en febrero; alcanzando las 70 intervenciones durante marzo; disminuyendo ligeramente con 55 controles efectuados en abril; seguido finalmente por otras once verificaciones ya cursadas dentro del mes actual.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó medidas cautelares para Daniel Agusto, exalcalde de Calama, prohibiéndole salir del país y acercarse a edificios municipales. Fue imputado por fraude al fisco y negociación incompatible entre 2017 y 2018. El tribunal revocó la prisión preventiva, considerándola desproporcionada. En su lugar, optaron por el arraigo nacional, restricciones de acercamiento a las oficinas municipales, y a los funcionarios relacionados con la investigación. Según el Ministerio Público, Agusto, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, no detuvo la compra de un inmueble objetada por Contraloría. La propiedad tenía lazos familiares con el exalcalde, lo que generó sospechas de conflicto de interés. El tribunal determinó que la única querella vigente en su contra llegó cinco años después de los eventos. Agusto, quien anteriormente tenía una conducta irreprochable, puede cumplir cualquier sanción en libertad, argumentó la defensa. El fallo no fue unánime, ya que el abogado Fernando Orellana votó por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, se aplicaron las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal para la protección del proceso.
Como el protagonista de una trama política, judicial y comunicacional, fue descrito el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, en una entrevista difundida por T13. El imputado por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocara la medida cautelar de prisión preventiva el pasado miércoles 28 de febrero. Ante la acusación del Ministerio Público que sostiene que se concertó con el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, para defraudar al fisco. Contreras responde eso no es así, lo planteo tajantemente (...) descarto absolutamente un delito. Consultado entonces por el conflicto de interés al haber suscrito convenios con la fundación representada por la ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), de quien Contreras fue jefe gabinete. El exseremi contesta,mi único interés era resolver la problemática que se me planteaba dentro del Ministerio de Vivienda. Mi principal interés era atender la demanda de los campamentos, hacer uso adecuado de los recursos de Asentamientos Precarios, que el Serviu y que el equipo de Asentamientos Precarios pudiera hacer uso de la mejor manera a través de las fundaciones sin fines de lucro de los recursos (...) no veo un conflicto de interés. La nota hace un repaso por la historia de Carlos Contreras en Revolución Democrática, quién ingresó al partido el 2016 para ir en apoyo de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, cuando el discurso era dejar atrás la vieja política. Andrade reconoció públicamente que la fundación no tenía experiencia en construcción. Ante lo cual, Contreras sostieneel programa de Asentamientos precarios tiene una diversidad de programas, algunos de una complejidad mucho mayor que otras. Va desde urbanizar para erradicar y construir barrios (...) versus un programa de habitabilidad primaria, que lo que busca es decidir donde va una luminaria (...) entonces en esos proyectos lo más importante no es el conocimiento constructivo, es el conocimiento para lidiar con la comunidad. Sobre el giro inicial de la fundación de actividades culturales, Contreras expresael detalle técnico respecto del giro es algo que no analicé yo directamente, lo analizaron las jefaturas de la Seremi para efectos de decidir si se derivaban los contactos. En cuanto al intercambio de información que tuvo con la ex subsecretaria Tatiana Rojas, a días que estallara el caso en la prensa. Contreras indicahabía la demanda y la necesidad de informar a Presidencia o a La Moneda. No tengo claro (...) específicamente a quien y específicamente a qué estamento. Al reiterarle la pregunta sobre si el Gobierno estaba enterado del hecho, el exseremi insiste a mi entender y la información que yo manejo y el feedback que tuve con la subsecretaria. Sí. Respecto a si considera que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, omitió información. Contreras, señala no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto. Puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar, cubrir o simplemente no evidenciar la responsabilidad de la jefatura central de Asentamientos Precarios, respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional, asegura Contreras refiriéndose a Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor. Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno. El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación. La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar. El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una bonificación de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros. En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
Este viernes, en una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, se debatió la situación procesal de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a Barriga por presuntos delitos de corrupción durante su gestión al frente del municipio, los cuales habrían generado un desfalco cercano a los $31 mil millones. La instancia judicial tenía como objetivo principal evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas anteriormente sobre Barriga. Según informes presentados por la fiscalía, existen indicios que apuntan a incumplimientos reiterados en fechas específicas: viernes 12, martes 23, jueves 25 y domingo 28 de abri l. Ante esta situación, el organismo persecutor solicitó intensificar dichas restricciones e implementar un timbre en la parcela donde Barriga cumple arresto domiciliario total en Peñaflor para asegurar su permanencia. No obstante, tras escuchar ambas partes involucradas en el proceso legal y ponderar los argumentos expuestos por la defensa respecto a las necesidades particulares del hijo menor de edad de Barriga —quien presenta hipersensibilidad asociada al espectro autista— la jueza encargada tomó una decisión alternativa. En lugar del timbre propuesto por la fiscalía, ordenó que se entregue un teléfono celular privado directamente al abogado defensor para que Carabineros pueda realizar llamadas periódicas desde el plan cuadrante con el fin de verificar que Barriga respete las condiciones establecidas. Al término de la audiencia y fuera del Centro de Justicia donde tuvo lugar este encuentro clave para su futuro judicial inmediato, Cathy Barrigua hizo uso del derecho a expresarse ante los medios congregados. Con palabras cargadas de emoción declaró percibir cierto nivel comprensivo hacia su caso por primera vez, además denunció lo que ella considera un hostigamiento persistente tanto desde esferas judiciales como mediáticas. Por otro lado, datos proporcionados por su equipo legal revelaron que hasta ahora se han realizado más de doscientenas inspecciones sorpresivas en su residencia : 29 veces durante enero; incrementándose notablemente a 61 visitas en febrero; alcanzando las 70 intervenciones durante marzo; disminuyendo ligeramente con 55 controles efectuados en abril; seguido finalmente por otras once verificaciones ya cursadas dentro del mes actual.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó medidas cautelares para Daniel Agusto, exalcalde de Calama, prohibiéndole salir del país y acercarse a edificios municipales. Fue imputado por fraude al fisco y negociación incompatible entre 2017 y 2018. El tribunal revocó la prisión preventiva, considerándola desproporcionada. En su lugar, optaron por el arraigo nacional, restricciones de acercamiento a las oficinas municipales, y a los funcionarios relacionados con la investigación. Según el Ministerio Público, Agusto, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, no detuvo la compra de un inmueble objetada por Contraloría. La propiedad tenía lazos familiares con el exalcalde, lo que generó sospechas de conflicto de interés. El tribunal determinó que la única querella vigente en su contra llegó cinco años después de los eventos. Agusto, quien anteriormente tenía una conducta irreprochable, puede cumplir cualquier sanción en libertad, argumentó la defensa. El fallo no fue unánime, ya que el abogado Fernando Orellana votó por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, se aplicaron las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal para la protección del proceso.
Como el protagonista de una trama política, judicial y comunicacional, fue descrito el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, en una entrevista difundida por T13. El imputado por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocara la medida cautelar de prisión preventiva el pasado miércoles 28 de febrero. Ante la acusación del Ministerio Público que sostiene que se concertó con el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, para defraudar al fisco. Contreras responde eso no es así, lo planteo tajantemente (...) descarto absolutamente un delito. Consultado entonces por el conflicto de interés al haber suscrito convenios con la fundación representada por la ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), de quien Contreras fue jefe gabinete. El exseremi contesta,mi único interés era resolver la problemática que se me planteaba dentro del Ministerio de Vivienda. Mi principal interés era atender la demanda de los campamentos, hacer uso adecuado de los recursos de Asentamientos Precarios, que el Serviu y que el equipo de Asentamientos Precarios pudiera hacer uso de la mejor manera a través de las fundaciones sin fines de lucro de los recursos (...) no veo un conflicto de interés. La nota hace un repaso por la historia de Carlos Contreras en Revolución Democrática, quién ingresó al partido el 2016 para ir en apoyo de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, cuando el discurso era dejar atrás la vieja política. Andrade reconoció públicamente que la fundación no tenía experiencia en construcción. Ante lo cual, Contreras sostieneel programa de Asentamientos precarios tiene una diversidad de programas, algunos de una complejidad mucho mayor que otras. Va desde urbanizar para erradicar y construir barrios (...) versus un programa de habitabilidad primaria, que lo que busca es decidir donde va una luminaria (...) entonces en esos proyectos lo más importante no es el conocimiento constructivo, es el conocimiento para lidiar con la comunidad. Sobre el giro inicial de la fundación de actividades culturales, Contreras expresael detalle técnico respecto del giro es algo que no analicé yo directamente, lo analizaron las jefaturas de la Seremi para efectos de decidir si se derivaban los contactos. En cuanto al intercambio de información que tuvo con la ex subsecretaria Tatiana Rojas, a días que estallara el caso en la prensa. Contreras indicahabía la demanda y la necesidad de informar a Presidencia o a La Moneda. No tengo claro (...) específicamente a quien y específicamente a qué estamento. Al reiterarle la pregunta sobre si el Gobierno estaba enterado del hecho, el exseremi insiste a mi entender y la información que yo manejo y el feedback que tuve con la subsecretaria. Sí. Respecto a si considera que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, omitió información. Contreras, señala no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto. Puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar, cubrir o simplemente no evidenciar la responsabilidad de la jefatura central de Asentamientos Precarios, respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional, asegura Contreras refiriéndose a Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi.
