El Tribunal Oral de Cañete y la Corte de Apelaciones de Concepción fijaron la fecha de la primera audiencia del caso para el próximo 23 de julio. Ante esto, la Defensoría Penal Pública se encuentra contra el tiempo para evitar el inicio del juicio de Escobar. El motivo para aplazar el procedimiento es que el defensor titular del tío-abuelo se encuentra con licencia médica desde hace tres meses y seguirá en la misma situación hasta agosto. Dado lo anterior, el tribunal desestimó los antecedentes y afirmó que la Defensoría podría preparar a otros abogados antes del 23 de julio y que además, Cristian Sleman, jefe de estudios del organismo en Bío Bío tiene conocimiento del caso. Finalmente, la Defensoría invocará el voto de minoría del ex defensor penal público, afirmando que el tiempo para preparar una nueva defensa se torna compleja, más aún cuando el acusado arriesga 10 años de cárcel en el caso de ser declarado culpable.
Durante la mañana de este miércoles, fue declarado culpable Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya (UDI) por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad y fue absuelto de otros dos hechos similares. Ante esto, Macaya padre se mantuvo cerca de un mes en prisión preventiva en el 2023 en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, revocando la medida al realizar un pago por fianza de $150 millones de pesos. Asimismo, según señaló Eduardo Macaya en reiteradas ocasionessi no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Finalmente, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicitó una pena de 12 años de cárcel. Luego de ser declarado culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaron, la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo viernes 19 de julio.
Durante el pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva para el Alcalde de Recoleta, tras la formalización por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares. Ante esto, algunos de los argumentos del tribunal para mantener esta medida cautelar son el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, sanciones penales por los presuntos delitos, entre otros. Dado lo anterior, el abogado defensor de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda señaló quevamos a solicitar algunas diligencias, antecedentes, que permitan exponer de mejor forma, ante el juzgado de Garantía, que Daniel Jadue no es un peligro para la sociedad, que no hay ningún riesgo de reiteración. Además, manifestó quelo que ocurre con esta prisión preventiva es que se decreta una pena anticipada, creemos, sin fundamentos, y sin analizar una cuestión relevante, que son todos los documentos, peritajes y antecedentes de la investigación que se presentarán por la defensa. Asimismo, desde el Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, detalló quela resolución es sumamente contundente, bien fundada, en que la corte se tomó el tiempo respectivo para escuchar todas las alegaciones de los intervinientes y concluyó de la manera que lo hace. Finalmente, el propio Alcalde Daniel Jadue, a través de sus redes sociales dijo quea redoblar los esfuerzos para defender el proyecto de Recoleta por un Chile más justo, donde nadie se quede atrás. Debemos seguir corriendo el cerco de lo posible, evitando que la derecha llegue a a destruir todo lo avanzado, concluyó Jadue.
Este lunes, el Juzgado de Garantía de Arauco iniciará la preparación del juicio oral en el caso de Tomás Bravo, después de dos aplazamientos previos en enero y abril de este año. El proceso judicial se centrará en la acusación contra Jorge Escobar, el tío abuelo del menor, quien está imputado por el delito de abandono de menor con resultado de muerte. El caso de Tomás Bravo ha captado la atención nacional desde su desaparición y posterior hallazgo sin vida en febrero de 2021. El menor fue encontrado muerto tras una intensa búsqueda que movilizó a la comunidad y a las autoridades locales. Desde entonces, el camino judicial ha sido complejo y ha experimentado varios cambios significativos. Inicialmente, Escobar fue investigado por homicidio. Sin embargo, la falta de pruebas suficientes para sustentar esta acusación llevó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a reformular los cargos. Tras cerrar la investigación inicial, Cartagena decidió presentar una nueva acusación, esta vez por abandono de menor con resultado de muerte.
En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto. La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal. Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos. El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que fue cada dos días al banco , lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos. Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente. En este contexto, se plantearondudas razonables sobre la solidez de la imputación, especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.
El Tribunal Oral de Cañete y la Corte de Apelaciones de Concepción fijaron la fecha de la primera audiencia del caso para el próximo 23 de julio. Ante esto, la Defensoría Penal Pública se encuentra contra el tiempo para evitar el inicio del juicio de Escobar. El motivo para aplazar el procedimiento es que el defensor titular del tío-abuelo se encuentra con licencia médica desde hace tres meses y seguirá en la misma situación hasta agosto. Dado lo anterior, el tribunal desestimó los antecedentes y afirmó que la Defensoría podría preparar a otros abogados antes del 23 de julio y que además, Cristian Sleman, jefe de estudios del organismo en Bío Bío tiene conocimiento del caso. Finalmente, la Defensoría invocará el voto de minoría del ex defensor penal público, afirmando que el tiempo para preparar una nueva defensa se torna compleja, más aún cuando el acusado arriesga 10 años de cárcel en el caso de ser declarado culpable.
Durante la mañana de este miércoles, fue declarado culpable Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya (UDI) por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad y fue absuelto de otros dos hechos similares. Ante esto, Macaya padre se mantuvo cerca de un mes en prisión preventiva en el 2023 en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, revocando la medida al realizar un pago por fianza de $150 millones de pesos. Asimismo, según señaló Eduardo Macaya en reiteradas ocasionessi no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Finalmente, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicitó una pena de 12 años de cárcel. Luego de ser declarado culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaron, la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo viernes 19 de julio.
Durante el pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva para el Alcalde de Recoleta, tras la formalización por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares. Ante esto, algunos de los argumentos del tribunal para mantener esta medida cautelar son el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, sanciones penales por los presuntos delitos, entre otros. Dado lo anterior, el abogado defensor de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda señaló quevamos a solicitar algunas diligencias, antecedentes, que permitan exponer de mejor forma, ante el juzgado de Garantía, que Daniel Jadue no es un peligro para la sociedad, que no hay ningún riesgo de reiteración. Además, manifestó quelo que ocurre con esta prisión preventiva es que se decreta una pena anticipada, creemos, sin fundamentos, y sin analizar una cuestión relevante, que son todos los documentos, peritajes y antecedentes de la investigación que se presentarán por la defensa. Asimismo, desde el Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, detalló quela resolución es sumamente contundente, bien fundada, en que la corte se tomó el tiempo respectivo para escuchar todas las alegaciones de los intervinientes y concluyó de la manera que lo hace. Finalmente, el propio Alcalde Daniel Jadue, a través de sus redes sociales dijo quea redoblar los esfuerzos para defender el proyecto de Recoleta por un Chile más justo, donde nadie se quede atrás. Debemos seguir corriendo el cerco de lo posible, evitando que la derecha llegue a a destruir todo lo avanzado, concluyó Jadue.
Este lunes, el Juzgado de Garantía de Arauco iniciará la preparación del juicio oral en el caso de Tomás Bravo, después de dos aplazamientos previos en enero y abril de este año. El proceso judicial se centrará en la acusación contra Jorge Escobar, el tío abuelo del menor, quien está imputado por el delito de abandono de menor con resultado de muerte. El caso de Tomás Bravo ha captado la atención nacional desde su desaparición y posterior hallazgo sin vida en febrero de 2021. El menor fue encontrado muerto tras una intensa búsqueda que movilizó a la comunidad y a las autoridades locales. Desde entonces, el camino judicial ha sido complejo y ha experimentado varios cambios significativos. Inicialmente, Escobar fue investigado por homicidio. Sin embargo, la falta de pruebas suficientes para sustentar esta acusación llevó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a reformular los cargos. Tras cerrar la investigación inicial, Cartagena decidió presentar una nueva acusación, esta vez por abandono de menor con resultado de muerte.
En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto. La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal. Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos. El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que fue cada dos días al banco , lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos. Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente. En este contexto, se plantearondudas razonables sobre la solidez de la imputación, especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.
