Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El Senado de la República aprobó de forma definitiva este martes en Valparaíso el proyecto de ley que autoriza un incremento sustantivo en el endeudamiento del Gobierno Central durante el año 2026, otorgando formalmente al Poder Ejecutivo un margen de crédito adicional por la suma de US$6.200 millones. La iniciativa económica fue despachada con éxito en su segundo trámite constitucional tras registrar 28 votos a favor, 15 en contra y una sola abstención, logrando superar con lo justo el quórum especial de 26 preferencias requeridas por la legislación vigente. El debate legislativo estuvo marcado por la alta presión temporal, dado que la urgencia suma aplicada por el palacio de La Moneda vencía de forma fatal este miércoles 8 de julio de 2026. La readecuación financiera busca modificar de forma extraordinaria los topes de endeudamiento que fueron fijados originalmente en la Ley de Presupuestos del sector público, adaptando las capacidades de emisión de bonos y créditos soberanos a las crudas necesidades operativas actuales del aparato estatal. El Ministerio de Hacienda levantó esta alerta de financiamiento preventivo debido a que las proyecciones macroeconómicas estimadas a fines del año pasado sufrieron un severo desajuste técnico, obligando al Fisco a buscar liquidez inmediata en los mercados internacionales para garantizar la continuidad de sus programas y evitar un eventual incumplimiento de obligaciones previamente contraídas por el Estado de Chile. La tracción del proyecto al interior del Congreso no estuvo exenta de fricciones técnicas, habiendo sorteado previamente la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta por un estrecho margen de tres votos contra dos. Durante las sesiones técnicas preparatorias, diversos parlamentarios manifestaron profundas dudas y sospechas respecto a la opacidad y la falta de trazabilidad en las reasignaciones y modificaciones presupuestarias ejecutadas durante el primer semestre del presente año. Los legisladores basaron sus aprensiones en los datos emitidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que encendió sutiles alertas sobre el ritmo de la presión del gasto fiscal y solicitó un desglose pormenorizado de las metodologías de cálculo aplicadas por las direcciones de la cartera económica. Para contener los cuestionamientos políticos de las bancadas opositoras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió intervenir de forma directa en las comisiones y el hemiciclo para disipar las dudas que vinculaban esta inyección de fondos con agendas sectoriales paralelas. El secretario de Estado fue tajante al desmentir que este endeudamiento complementario tuviese por objetivo financiar de forma encubierta el emblemático proyecto de Reconstrucción Nacional o megarreforma que se discute en otras sedes legislativas, enfatizando el carácter netamente estructural del ajuste contable. En su última argumentación ante la sala del Senado, el titular de Hacienda explicó que el incremento de la deuda pública no se traducirá bajo ninguna circunstancia en la implementación de nuevas políticas asistenciales ni en la creación de subsidios inéditos para la población. El origen real del problema contable, según la minuta entregada por el Ejecutivo, responde a que las variables de recaudación fiscal interna sufrieron una fuerte contracción respecto de las proyecciones iniciales, provocando una brecha de financiamiento o déficit de caja cercano a los US$3.800 millones por sobre los cálculos de la Dirección de Presupuestos. Con el despacho de esta ley especial, el Gobierno Central asegura el flujo oportuno de capitales necesarios para dar cumplimiento a los contratos de infraestructura, licitaciones de salud y convenios internacionales indexados al presupuesto anual. No obstante, las bancadas que votaron en contra adelantaron que citarán a comisiones especiales para revisar con lupa los informes financieros emitidos en el extranjero, argumentando que la velocidad del endeudamiento público chileno durante 2026 arriesga con tensionar las calificaciones crediticias si es que el déficit fiscal no se logra estabilizar en los próximos trimestres. Fuente: Publimetro
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El Senado de la República aprobó de forma definitiva este martes en Valparaíso el proyecto de ley que autoriza un incremento sustantivo en el endeudamiento del Gobierno Central durante el año 2026, otorgando formalmente al Poder Ejecutivo un margen de crédito adicional por la suma de US$6.200 millones. La iniciativa económica fue despachada con éxito en su segundo trámite constitucional tras registrar 28 votos a favor, 15 en contra y una sola abstención, logrando superar con lo justo el quórum especial de 26 preferencias requeridas por la legislación vigente. El debate legislativo estuvo marcado por la alta presión temporal, dado que la urgencia suma aplicada por el palacio de La Moneda vencía de forma fatal este miércoles 8 de julio de 2026. La readecuación financiera busca modificar de forma extraordinaria los topes de endeudamiento que fueron fijados originalmente en la Ley de Presupuestos del sector público, adaptando las capacidades de emisión de bonos y créditos soberanos a las crudas necesidades operativas actuales del aparato estatal. El Ministerio de Hacienda levantó esta alerta de financiamiento preventivo debido a que las proyecciones macroeconómicas estimadas a fines del año pasado sufrieron un severo desajuste técnico, obligando al Fisco a buscar liquidez inmediata en los mercados internacionales para garantizar la continuidad de sus programas y evitar un eventual incumplimiento de obligaciones previamente contraídas por el Estado de Chile. La tracción del proyecto al interior del Congreso no estuvo exenta de fricciones técnicas, habiendo sorteado previamente la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta por un estrecho margen de tres votos contra dos. Durante las sesiones técnicas preparatorias, diversos parlamentarios manifestaron profundas dudas y sospechas respecto a la opacidad y la falta de trazabilidad en las reasignaciones y modificaciones presupuestarias ejecutadas durante el primer semestre del presente año. Los legisladores basaron sus aprensiones en los datos emitidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que encendió sutiles alertas sobre el ritmo de la presión del gasto fiscal y solicitó un desglose pormenorizado de las metodologías de cálculo aplicadas por las direcciones de la cartera económica. Para contener los cuestionamientos políticos de las bancadas opositoras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió intervenir de forma directa en las comisiones y el hemiciclo para disipar las dudas que vinculaban esta inyección de fondos con agendas sectoriales paralelas. El secretario de Estado fue tajante al desmentir que este endeudamiento complementario tuviese por objetivo financiar de forma encubierta el emblemático proyecto de Reconstrucción Nacional o megarreforma que se discute en otras sedes legislativas, enfatizando el carácter netamente estructural del ajuste contable. En su última argumentación ante la sala del Senado, el titular de Hacienda explicó que el incremento de la deuda pública no se traducirá bajo ninguna circunstancia en la implementación de nuevas políticas asistenciales ni en la creación de subsidios inéditos para la población. El origen real del problema contable, según la minuta entregada por el Ejecutivo, responde a que las variables de recaudación fiscal interna sufrieron una fuerte contracción respecto de las proyecciones iniciales, provocando una brecha de financiamiento o déficit de caja cercano a los US$3.800 millones por sobre los cálculos de la Dirección de Presupuestos. Con el despacho de esta ley especial, el Gobierno Central asegura el flujo oportuno de capitales necesarios para dar cumplimiento a los contratos de infraestructura, licitaciones de salud y convenios internacionales indexados al presupuesto anual. No obstante, las bancadas que votaron en contra adelantaron que citarán a comisiones especiales para revisar con lupa los informes financieros emitidos en el extranjero, argumentando que la velocidad del endeudamiento público chileno durante 2026 arriesga con tensionar las calificaciones crediticias si es que el déficit fiscal no se logra estabilizar en los próximos trimestres. Fuente: Publimetro
