Durante la mañana de este jueves, el Ministerio Público no accedió a entregar copias de unas conversaciones en WhatsApp relacionadas con el caso Hermosilla. Para detallar, el Comité de Ética de la Corte Suprema solicitó la entrega de dichas copias como parte de los antecedentes de la investigación penal que involucra al exjuez Juan Antonio Poblete Méndez y el abogado Luis Hermosilla Osorio. Sin embargo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia confirmó el rechazo de la solicitud. Para contextualizar, según Ciper Chile en la conversación por WhatsApp Migueles habría ofrecido al Fiscal Carlos Palma en el último proceso de elección pagarle un doctorado y posicionarlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Asimismo, a través de un oficio el fiscal Ángel Valencia apuntó a que lo solicitado por la Corte Suprema está relacionado con información incluida en investigaciones penales en curso, argumentando que con lo establecido en el Código Procesal Penal estos antecedentes deben mantenerse en secreto. Cabe destacar que, Gonzalo Migueles, uno de los involucrados y actual pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco solicitó al fiscal Valencia no entregar dichas conversaciones. Dado lo anterior, el fiscal Ángel Valencia manifestó quese mantiene el mayor ánimo de colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos por parte de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, conforme a las facultades del Ministerio Público.
Este viernes marca una semana desde que nueve excadetes de Cobreloa fueron privados de su libertad luego de ser formalizados por el Ministerio Público por el delito de violación en grupo. La acusación se basa en la denuncia de una joven que reportó haber sido víctima de una agresión sexual durante una fiesta en septiembre del año 2021. La causa estuvo archivada durante varios meses después de que la víctima inicialmente retirara la acusación, pero posteriormente se reactivó. Actualmente, la carpeta investigativa contiene una serie de peritajes, informes y declaraciones, tanto de la víctima como de testigos e imputados. Entre los documentos revelados por La Tercera se encuentra la declaración de Lucas Román Avilés, quien según el Ministerio Público prestó cobertura para que el delito se llevara a cabo. Aunque Román Avilés afirma no haber participado directamente en la agresión, admitió haber grabado y presenciado la escena. De acuerdo con su versión de los hechos, ese día Román Avilés llegó más tarde a la vivienda donde se celebraba la fiesta, la cual pertenecía a los ex cadetes y donde él residía. Al entrar en su habitación, se encontró con la joven identificada como inicial V manteniendo relaciones sexuales con Luciano Parra Villanueva y Jhan Góngora Ordóñez, según él, de manera consensuada. “Me quedo ahí y me dicen que grabe, lo hice, y alcancé a grabar tres segundos, pero después lo borro y me voy (...) Le pregunté a ella si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y me dijo que sí” , detalló el excadete. Aunque la mayoría de los imputados han afirmado que la mujer aprobaba lo que ocurría, las declaraciones de Román Avilés han tendido a normalizar los hechos que desencadenaron la denuncia. Estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva. Muchas veces mis compañeros me decían que llegara más tarde, porque querían estar con una niña . Estaba acostumbrado, por eso esto no era chocante ya para mí, sostuvo. Además, el involucrado detallo quevivir con esas circunstancias. De querer o también necesitar cierta intimidad o relaciones sexuales y tener que luchar también con que vives con alguien, porque tampoco tienes dinero para ir a algún motel. Entonces es complejo” . Román Avilés ha insistido en que no se siente culpable, ya que, según él, ninguno de los coimputados forzó o agredió a la joven. Sin embargo, informes médicos en la carpeta investigativa sugieren lo contrario, evidenciando lesiones compatibles con una violación. “Yo no me siento culpable. Tengo hermanas, y si en algún momento hubiese visto una agresión, hubiese reaccionado. Yo le pregunté si había consentimiento y dijo que sí. Es superincómoda la situación de estar acá siendo que no hice nada. No lo vi como una violación” , cerró. En atención a que no participó directamente de los hechos, esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta redujo su medida cautelar a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima; mientras que confirmó la prisión preventiva para los otros ocho implicados.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
En una decisión que marca un hito en el caso, el Juez Freddy Cubillos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy jueves el sobreseimiento definitivo de la causa que indagaba la venta del proyecto minero Dominga, registrada en las Islas Vírgenes, y en la que se había involucrado al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y al empresario Carlos Délano. El magistrado acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, decretando así el sobreseimiento definitivo de la causa que hasta el momento no había sido formalizada. Además, rechazó la reapertura solicitada por la parte querellante, argumentando que los hechos sobre los que corresponde el pronunciamiento del tribunal quedan fijados en las querellas, en virtud de una investigación que no ha llegado a formalizarse. En su fallo, el juez destacó que el Ministerio Público ha cerrado la investigación, y que los argumentos expuestos en audiencia fueron determinantes para desestimar la reapertura solicitada por uno de los querellantes. Asimismo, recalcó que en esas circunstancias, debe entenderse como agotadas las posibilidades de continuar con el proceso. La resolución del tribunal también incluyó una determinación clave: Que el imputado Sebastián Piñera no participó en la celebración del contrato cuestionado y que dice relación con el Proyecto conocido como Minera Dominga (...) . Que tampoco es efectivo que lo hubiere hecho directamente la familia del referido, lo realiza Larraín Vial, teniendo los hijos del querellado una escasa participación accionaria. Con este sobreseimiento, se cierra un capítulo de incertidumbre en torno al caso Dominga, exonerando al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y Délano de cualquier responsabilidad en la venta del proyecto minero.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
Durante la mañana de este jueves, el Ministerio Público no accedió a entregar copias de unas conversaciones en WhatsApp relacionadas con el caso Hermosilla. Para detallar, el Comité de Ética de la Corte Suprema solicitó la entrega de dichas copias como parte de los antecedentes de la investigación penal que involucra al exjuez Juan Antonio Poblete Méndez y el abogado Luis Hermosilla Osorio. Sin embargo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia confirmó el rechazo de la solicitud. Para contextualizar, según Ciper Chile en la conversación por WhatsApp Migueles habría ofrecido al Fiscal Carlos Palma en el último proceso de elección pagarle un doctorado y posicionarlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Asimismo, a través de un oficio el fiscal Ángel Valencia apuntó a que lo solicitado por la Corte Suprema está relacionado con información incluida en investigaciones penales en curso, argumentando que con lo establecido en el Código Procesal Penal estos antecedentes deben mantenerse en secreto. Cabe destacar que, Gonzalo Migueles, uno de los involucrados y actual pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco solicitó al fiscal Valencia no entregar dichas conversaciones. Dado lo anterior, el fiscal Ángel Valencia manifestó quese mantiene el mayor ánimo de colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos por parte de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, conforme a las facultades del Ministerio Público.
Este viernes marca una semana desde que nueve excadetes de Cobreloa fueron privados de su libertad luego de ser formalizados por el Ministerio Público por el delito de violación en grupo. La acusación se basa en la denuncia de una joven que reportó haber sido víctima de una agresión sexual durante una fiesta en septiembre del año 2021. La causa estuvo archivada durante varios meses después de que la víctima inicialmente retirara la acusación, pero posteriormente se reactivó. Actualmente, la carpeta investigativa contiene una serie de peritajes, informes y declaraciones, tanto de la víctima como de testigos e imputados. Entre los documentos revelados por La Tercera se encuentra la declaración de Lucas Román Avilés, quien según el Ministerio Público prestó cobertura para que el delito se llevara a cabo. Aunque Román Avilés afirma no haber participado directamente en la agresión, admitió haber grabado y presenciado la escena. De acuerdo con su versión de los hechos, ese día Román Avilés llegó más tarde a la vivienda donde se celebraba la fiesta, la cual pertenecía a los ex cadetes y donde él residía. Al entrar en su habitación, se encontró con la joven identificada como inicial V manteniendo relaciones sexuales con Luciano Parra Villanueva y Jhan Góngora Ordóñez, según él, de manera consensuada. “Me quedo ahí y me dicen que grabe, lo hice, y alcancé a grabar tres segundos, pero después lo borro y me voy (...) Le pregunté a ella si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y me dijo que sí” , detalló el excadete. Aunque la mayoría de los imputados han afirmado que la mujer aprobaba lo que ocurría, las declaraciones de Román Avilés han tendido a normalizar los hechos que desencadenaron la denuncia. Estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva. Muchas veces mis compañeros me decían que llegara más tarde, porque querían estar con una niña . Estaba acostumbrado, por eso esto no era chocante ya para mí, sostuvo. Además, el involucrado detallo quevivir con esas circunstancias. De querer o también necesitar cierta intimidad o relaciones sexuales y tener que luchar también con que vives con alguien, porque tampoco tienes dinero para ir a algún motel. Entonces es complejo” . Román Avilés ha insistido en que no se siente culpable, ya que, según él, ninguno de los coimputados forzó o agredió a la joven. Sin embargo, informes médicos en la carpeta investigativa sugieren lo contrario, evidenciando lesiones compatibles con una violación. “Yo no me siento culpable. Tengo hermanas, y si en algún momento hubiese visto una agresión, hubiese reaccionado. Yo le pregunté si había consentimiento y dijo que sí. Es superincómoda la situación de estar acá siendo que no hice nada. No lo vi como una violación” , cerró. En atención a que no participó directamente de los hechos, esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta redujo su medida cautelar a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima; mientras que confirmó la prisión preventiva para los otros ocho implicados.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
En una decisión que marca un hito en el caso, el Juez Freddy Cubillos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy jueves el sobreseimiento definitivo de la causa que indagaba la venta del proyecto minero Dominga, registrada en las Islas Vírgenes, y en la que se había involucrado al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y al empresario Carlos Délano. El magistrado acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, decretando así el sobreseimiento definitivo de la causa que hasta el momento no había sido formalizada. Además, rechazó la reapertura solicitada por la parte querellante, argumentando que los hechos sobre los que corresponde el pronunciamiento del tribunal quedan fijados en las querellas, en virtud de una investigación que no ha llegado a formalizarse. En su fallo, el juez destacó que el Ministerio Público ha cerrado la investigación, y que los argumentos expuestos en audiencia fueron determinantes para desestimar la reapertura solicitada por uno de los querellantes. Asimismo, recalcó que en esas circunstancias, debe entenderse como agotadas las posibilidades de continuar con el proceso. La resolución del tribunal también incluyó una determinación clave: Que el imputado Sebastián Piñera no participó en la celebración del contrato cuestionado y que dice relación con el Proyecto conocido como Minera Dominga (...) . Que tampoco es efectivo que lo hubiere hecho directamente la familia del referido, lo realiza Larraín Vial, teniendo los hijos del querellado una escasa participación accionaria. Con este sobreseimiento, se cierra un capítulo de incertidumbre en torno al caso Dominga, exonerando al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y Délano de cualquier responsabilidad en la venta del proyecto minero.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
