La comunidad de Rapa Nui ha rechazado de manera contundente el proyecto del ejecutivo que buscaba otorgar un estatuto especial al territorio. Con un total de 959 votos a favor de la opción “no”, la iniciativa que proponía establecer un gobierno autónomo en la isla recibió un 87% de rechazo. El proyecto surgió como parte del compromiso presidencial de dotar a la isla de un estatuto especial. Para ello, el 13 de agosto de 2025 comenzó la planificación de la consulta indígena, destinada a elaborar el proyecto de ley que desvincularía administrativa y políticamente a la isla de la Región de Valparaíso. De esta forma, se crearía un Gobierno de Territorio Especial (GTE) con personalidad jurídica, patrimonio propio y presupuesto autónomo. Desde el gobierno, la propuesta se presentó como un paso para “saldar una deuda histórica y promover un diálogo intercultural” con el pueblo Rapa Nui. Esta medida se enmarca en un derecho colectivo fundamental, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos colectivos. Lo anterior incluye tanto anteproyectos de ley o reformas constitucionales como actos administrativos formales dictados por órganos del Estado, siempre que tengan potencial impacto sobre los pueblos indígenas. Fuente: ADN Radio Nacional
La comunidad de Rapa Nui ha rechazado de manera contundente el proyecto del ejecutivo que buscaba otorgar un estatuto especial al territorio. Con un total de 959 votos a favor de la opción “no”, la iniciativa que proponía establecer un gobierno autónomo en la isla recibió un 87% de rechazo. El proyecto surgió como parte del compromiso presidencial de dotar a la isla de un estatuto especial. Para ello, el 13 de agosto de 2025 comenzó la planificación de la consulta indígena, destinada a elaborar el proyecto de ley que desvincularía administrativa y políticamente a la isla de la Región de Valparaíso. De esta forma, se crearía un Gobierno de Territorio Especial (GTE) con personalidad jurídica, patrimonio propio y presupuesto autónomo. Desde el gobierno, la propuesta se presentó como un paso para “saldar una deuda histórica y promover un diálogo intercultural” con el pueblo Rapa Nui. Esta medida se enmarca en un derecho colectivo fundamental, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos colectivos. Lo anterior incluye tanto anteproyectos de ley o reformas constitucionales como actos administrativos formales dictados por órganos del Estado, siempre que tengan potencial impacto sobre los pueblos indígenas. Fuente: ADN Radio Nacional
