El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
El canciller Alberto van Klaveren expresó su preocupación por la reciente controversia generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, luego de una entrevista concedida a un medio radial y una publicación en Instagram. En relación a este tema, el ministro van Klaveren señaló que están verificando si se cumplieron los protocolos vigentes en materia de política exterior. En sus palabras, hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes, justamente en todo lo que tiene que ver con los dichos de nuestros embajadores. Respecto a las declaraciones de la embajadora Pakarati, el canciller destacó que las expresiones de la embajadora Pakarati respecto de situaciones internas que pueden vincularse con las relaciones entre pueblos originarios y nuestro sistema político, entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno ni de la Cancillería. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) confirmó que la embajadora fue reprendida por la publicación en redes sociales. Según indicaron a La Tercera, Pakarati se disculpó por el error y retiró la imagen. Ante esta situación, el canciller enfatizó que Ella se equivocó en esta materia, ya hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes. Además, agregó: Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto y las circunstancias en las que se produjo. Eso requiere un análisis mayor que estamos efectuando. Estamos evaluando la situación y no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al realizar una investigación, todas las opciones están abiertas. Fuente: CNN Chile País
En la última encuesta Cadem del año se abordaron las actividades que ha desarrollado el presidente electo estos días y la conformación del futuro gobierno. La última encuesta Plaza Pública de Cadem analizó el posible respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el sondeo, el 52% de los encuestados considera que Kast debería apoyar la candidatura de la expresidenta, mientras que un 38% se opone a ello y un 10% dijo no tener una opinión definida al respecto. El respaldo se da especialmente entre los que votaron por Jeannette Jara (89%) y los que votaron nulo, blanco o no votaron (56%). Entre quienes votaron por el líder republicano, el 68% está en contra. Sobre el futuro gobierno de Kast, un 55% cree que a Chile le va a ir bien o muy bien bajo la nueva administración, mientras que el 23% piensa que le va a ir mal o muy mal y el 18% que le irá regular. La mayoría de quienes piensan que al país le irá bien se identifican con la derecha (89%), centro (62%) e independientes (52%), mientras los que creen que le irá mal se identifican en su mayoría con la izquierda (60%). Por otra parte, el 31% cree que la reunión más relevante que ha sostenido Kast hasta el momento es con la contralora Dorothy Pérez, 29% con los comandantes de las FF.AA. y de Orden, 28% con el presidente Gabriel Boric, 25% con Javier Milei y 23% con Bachelet. Respecto a la conformación del nuevo gabinete, el 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros y el 46% apoya también la idea con respecto a exgenerales o comandantes de las FF.AA. y de orden. A su vez, el 56% de los consultados y consultadas en esta oportunidad está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman ese tipo de cargo y el 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
El proyecto del Gobierno que busca restringir despidos de funcionarios públicos ha generado diversas críticas, siendo calificado como un amarre por parte de la oposición. En relación a esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó los objetivos del proyecto en una entrevista con ADN Hoy. “Lo que hace la norma es que si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que realizar la justificación”, dijo Grau. “La única diferencia que se está haciendo acá es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto“, agregó el ministro. Además, Grau desestimó las críticas sobre un “amarre”. “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre”, sostuvo. “Lo que la norma establece es que para esto tiene que existir un acto fundado, lo que significa que no existan arbitrariedades”, complementó el ministro. Finalmente, Grau señaló: “lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría, en la medida que el trabajador reclame”. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
El canciller Alberto van Klaveren expresó su preocupación por la reciente controversia generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, luego de una entrevista concedida a un medio radial y una publicación en Instagram. En relación a este tema, el ministro van Klaveren señaló que están verificando si se cumplieron los protocolos vigentes en materia de política exterior. En sus palabras, hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes, justamente en todo lo que tiene que ver con los dichos de nuestros embajadores. Respecto a las declaraciones de la embajadora Pakarati, el canciller destacó que las expresiones de la embajadora Pakarati respecto de situaciones internas que pueden vincularse con las relaciones entre pueblos originarios y nuestro sistema político, entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno ni de la Cancillería. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) confirmó que la embajadora fue reprendida por la publicación en redes sociales. Según indicaron a La Tercera, Pakarati se disculpó por el error y retiró la imagen. Ante esta situación, el canciller enfatizó que Ella se equivocó en esta materia, ya hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes. Además, agregó: Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto y las circunstancias en las que se produjo. Eso requiere un análisis mayor que estamos efectuando. Estamos evaluando la situación y no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al realizar una investigación, todas las opciones están abiertas. Fuente: CNN Chile País
En la última encuesta Cadem del año se abordaron las actividades que ha desarrollado el presidente electo estos días y la conformación del futuro gobierno. La última encuesta Plaza Pública de Cadem analizó el posible respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el sondeo, el 52% de los encuestados considera que Kast debería apoyar la candidatura de la expresidenta, mientras que un 38% se opone a ello y un 10% dijo no tener una opinión definida al respecto. El respaldo se da especialmente entre los que votaron por Jeannette Jara (89%) y los que votaron nulo, blanco o no votaron (56%). Entre quienes votaron por el líder republicano, el 68% está en contra. Sobre el futuro gobierno de Kast, un 55% cree que a Chile le va a ir bien o muy bien bajo la nueva administración, mientras que el 23% piensa que le va a ir mal o muy mal y el 18% que le irá regular. La mayoría de quienes piensan que al país le irá bien se identifican con la derecha (89%), centro (62%) e independientes (52%), mientras los que creen que le irá mal se identifican en su mayoría con la izquierda (60%). Por otra parte, el 31% cree que la reunión más relevante que ha sostenido Kast hasta el momento es con la contralora Dorothy Pérez, 29% con los comandantes de las FF.AA. y de Orden, 28% con el presidente Gabriel Boric, 25% con Javier Milei y 23% con Bachelet. Respecto a la conformación del nuevo gabinete, el 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros y el 46% apoya también la idea con respecto a exgenerales o comandantes de las FF.AA. y de orden. A su vez, el 56% de los consultados y consultadas en esta oportunidad está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman ese tipo de cargo y el 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
El proyecto del Gobierno que busca restringir despidos de funcionarios públicos ha generado diversas críticas, siendo calificado como un amarre por parte de la oposición. En relación a esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó los objetivos del proyecto en una entrevista con ADN Hoy. “Lo que hace la norma es que si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que realizar la justificación”, dijo Grau. “La única diferencia que se está haciendo acá es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto“, agregó el ministro. Además, Grau desestimó las críticas sobre un “amarre”. “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre”, sostuvo. “Lo que la norma establece es que para esto tiene que existir un acto fundado, lo que significa que no existan arbitrariedades”, complementó el ministro. Finalmente, Grau señaló: “lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría, en la medida que el trabajador reclame”. Fuente: ADN Radio Nacional
